El viernes 30 de noviembre de 2013 nos reunimos en el Hotel Nutibara de Medellín, más de sesenta representantes de diversos acueductos comunitarios de Antioquía, asociados a ADACA y otros, con la Defensoría del Pueblo en una Jornada que tenía como fin identificar los derechos que poseen las organizaciones comunitarias que prestan el servicio de agua y sus correlativos deberes, haciendo un espacial énfasis en las obligaciones económicas derivadas de su cotidiano funcionamiento.
En el taller se evidenció que
no hay una política pública que cubra a los acueductos comunitarios, al
contrario las nuevas políticas del estado violan la autonomía de los acueductos
comunitarios, un claro ejemplo es la ley 142 de 1994 la cual rige a los
prestadores de servicios públicos. Esta ley no incluye, ni recoge las
necesidades de los acueductos
comunitarios, al contrario los ve como organizaciones
que deben convertirse en empresas que prestan el servicio, desconociendo
que son asociaciones creadas desde la comunidad con un recorrido histórico y
cultural en sus territorios.
Por consiguiente, los acueductos comunitarios, asociaciones sin
ánimo de lucro, nos vemos amenazados primero porque el apoyo del estado es
mínimo, y segundo porque los criterios de calidad que exige la normatividad son
formulados para empresas con ánimo de lucro. Es así como representantes reiteramos que
la normatividad es una amenaza inminente que puede provocar el cierre o
liquidación de los acueductos, dejando sin agua a muchas familias o
entregando el esfuerzo comunitario a entidades con intereses privados y con
ánimo de lucro.
Por último planteamos
que la minería, la corrupción, la expansión urbana, los monocultivos y los
proyectos hidroeléctricos, que se realizan en los territorios han amenazado a las
fuentes hídricas que abastecen los acueductos y que es necesario actuar
legalmente en defensa de nuestros territorios.
Comentarios
Publicar un comentario